EL ANÁLISIS DE INFOLATAM

Seguridad Pública y Descalabro Institucional

Infolatam
Caracas, 8 de septiembre 2008

(Especial para Infolatam).-

Venezuela, después de Chile, se proyecta hoy día como el país de mayor ingreso per capita de la región. Sin embargo, sondeos de opinión indican que los venezolanos perciben crecientes amenazas a la seguridad ciudadana, lo que intuitivamente no se corresponde con un contexto de mejoras socio-económicas.

Según Latinbarómetro el problema de la seguridad pública en Venezuela es dos y tres veces más importante que en otros países del continente.

Las estadísticas, aunque frías, suelen ser elocuentes. La violencia urbana cercena implacablemente entre 50 y 70 vidas humanas cada fin de semana en Caracas, la capital de Venezuela. Sólo en el mes de Junio de este año se reportaron 152 homicidios en esta ciudad. Lo que sucede en Caracas, sucede de igual manera en todos los asentamientos urbanos de Venezuela. El homicidio a mano armada es la primera causa de muerte en Venezuela en personas con edades comprendidas entre los 15 y 29 años ¿Los victimarios? También en su mayoría jóvenes, maleados por el abandono, la descomposición social, la miseria, y los anti-valores. A las vidas truncadas por los homicidios se une el incremento en las muertes por ejecuciones extra-judiciales, los delitos por robo y contra la propiedad, el secuestro, la extorsión y las violaciones. Así, Venezuela es un vivo ejemplo de cómo la cohesión social no se correlaciona necesariamente con mejoras materiales temporales.

Frente a esta realidad el Estado venezolano ha pretendido conjurar el maleficio con una poción mágica: un pharmakon de nuevas Leyes. Pero el derecho penal no posee cualidades prácticas per se, pues el impacto de las normas está mediado por prácticas sociales que son las que determinan la calidad institucional de una sociedad. Esta calidad institucional se ha hecho añicos en dos puntos críticos de la seguridad pública: la conducta policial y el sistema de administración de justicia.

En Venezuela existen 126 coorporaciones policiales a cargo del seguimiento directo de la seguridad pública. La acción de estos organismos es dispersa y descoordinada y responde a modelos de gestión militarizados, autoritarios e inestables. En su mayoría, estos cuerpos están gravemente cuestionados no sólo por la corrupción interna, sino además por frecuentes acciones delictivas y violaciones a los derechos humanos. Un diagnóstico reciente realizado por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, indica que parte importante de los cuerpos de seguridad del Estado están implicados en la comisión de delitos.

Un año atrás, el director de Coordinación Policial del Ministerio de Interior y Juticia, Raúl Yépez, señalaba que cerca de mil funcionarios de Poliaragua (la policía de un Estado a 100 Kilómetros de Caracas) estaban implicados en delitos. El expediente de derechos humano es aún más preocupante. Según la Red de Apoyo a la Justicia y a la Paz, entre 1990 y 2005, los organismos de seguridad dieron muerte, en promedio, a 15 personas al mes, algunos como resultado de simples ajusticiamientos. De hecho, otra organización para los derechos humanos, Provea, reportó 48 asesinatos por abuso de fuerza de los cuerpos de seguridad en 2007. En resumen, en Venezuela la imagen policial se ha desdibujado hasta confundirse con el hampa.

Naturalmente la responsabilidad pública en el problema de la seguridad ciudadana no comienza ni se agota en el tema policial. Las intervenciones integrales del sistema de administración de justicia es otro factor importante. El síntoma de que las cosas andan muy mal en este territorio es la impunidad. Aquí la justicia penal alberga abominables deudas: Menos del 10 por ciento de los homicidios reciben condena y más del 50 por ciento de los reclusos en las cárceles del país no han sido juzgados. A decir de un celebérrimo Fiscal General, el Ministerio Público exhibe "falta de ejecutividad, conformismo, resignación, pasividad, inercia e indolencia".

La situación de los jueces no es nada mejor, a menudo sometidos a "operativos de control político" (como lo ha señalado un ex magistrado). Sólo en el año 2005 la Comisión Judicial destituyó 220 jueces. Tres meses más tarde el número de jueces destituidos era de 400. La cabeza visible de estas persecusiones, el segundo magistrado de la Corte, y precursor de la idea de darle constitucionalmente al Presidente la re-elección indefinida, se encuentra profugo por cargos de corrrupción. Con casi la mitad de los jueces en carácter provisorio o temporal, el sistema judicial en Venezuela trabaja a media máquina. Un escalón más allá, se tropieza con la terrible realidad del sistema penitenciario. Tan sólo en el año 2007, 500 reclusos perdieron violentamente la vida en las cárceles venezolanas. La situación en materia penal y penitenciaria en Venezuela es tan grave, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dictado medidas de protección a favor de los reclusos.

A menudo nos preguntamos como se contempla este inmenso descalabro institucional desde las oficinas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, por donde han transitado 10 ministros en los últimos 10 años. El último, Ramón Rodríguez Chacin, es un capitán de la armada a quien organizaciones de derechos humanos vinculan con varias masacres ocurridas 20 años atrás en la región sur de Venezuela.