Política      

Perú: Alan García se topó de nuevo con corrupción y terrorismo


La rápida reacción del Ejecutivo, con la condena pública a los corruptos y el cambio del gabinete, le dio réditos a García.


Las Claves:
  • La concesión irregular de lotes petroleros o "Petrogate" tumbó al gobierno del primer ministro Jorge del Castillo.
  • El gobierno de García también ha padecido un rebrote del terrorismo en la región andina y amazónica.

Infolatam
Lima, 2 de diciembre de 2008


El segundo mandato de Alan García se volvió a topar este año con las dos bestias negras de su primera época: la corrupción y el terrorismo, que han regresado a la vida política peruana, aunque con menor virulencia que en el pasado.

La corrupción, que ha hecho correr ríos de tinta y ha tenido obsesionada a la clase política y periodística peruana, comenzó con un escándalo por la concesión irregular de una serie de lotes petroleros para la exploración, y terminó tumbando al gobierno del primer ministro Jorge del Castillo, tras dos años en el poder.

El caso bautizado como "Petrogate" se destapó gracias a unas polémicas grabaciones telefónicas ilegales en la que los principales protagonistas eran un empresario dominicano, Fortunato Canaán, que hacía de mediador ante las empresas, el ex ministro peruano Rómulo León y Alberto Quimper, directivo de Perupetro, la empresa encargada de la concesión de los lotes.

Las conversaciones telefónicas salpicaron -entre otras personalidades- al primer ministro y a los titulares de Energía y Minas, Juan Valdivia, y de Salud, Hernán Garrido, lo que llevó al presidente García a cambiar al gabinete, mientras que el Congreso inició una investigación del caso.

La rápida reacción del Ejecutivo, con la condena pública a los corruptos y el cambio del gabinete, le dio réditos a García, quien vio aumentar su popularidad a un promedio de 35 por ciento y decidió que su nuevo gabinete fuera presidido por el político independiente de izquierdas Yehude Simon.

Sin embargo, ya nada más llegar al cargo Simon se tuvo que enfrentar a movimientos menos estructurados, de carácter local y regional, que protagonizaron en varias provincias violentas protestas, en su mayoría para alcanzar beneficios como la distribución de las regalías mineras o la construcción de puentes y carreteras.

Por otra parte, el gobierno de García también ha padecido un rebrote del terrorismo, ante el incremento de la actividad subversiva en la región andina y amazónica del sur del país.

Al final del año, el balance no es positivo, ya que se reportó la muerte de 26 policías y militares en diferentes ataques, presentados sobre todo a partir de agosto, cuando las fuerzas de seguridad intentaron tomar el control de los últimos bastiones de la subversión.

Los activistas de Sendero son los encargados de proteger las rutas de entrada y salida de droga y de los suministros químicos para su procesamiento de la región, así como de atacar a las fuerzas del orden para evitar la presencia del Estado, según sostienen los expertos en la lucha antiterrorista.

 
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