EL ANÁLISIS DE INFOLATAM

Peor que el gobierno, sólo la oposición

Infolatam
La Paz, 24 de julio 2008

(Especial para Infolatam).-

"... No se puede soslayar además que, si llegara a realizarse, el referéndum revocatorio traerá aparejados lesiones institucionales graves, empezando por la Corte Nacional Electoral. Es en efecto impensable a estas alturas que ésta pueda conducir el evento con mínimas garantías de imparcialidad, y que logre además disipar eficazmente las denuncias sobre un fraude en gran escala".

A escasas dos semanas de la fecha fijada para realización del referéndum revocatorio, existen dudas si el evento se llevará finalmente a cabo en los términos previstos, de cuya inconstitucionalidad e impertinencia política ya no caben muchas dudas. A pesar de que se trata de una iniciativa adoptada, después de varias pulsetas previas, por un razonamiento absurdo e ilegal en las tiendas de la oposición, ahora las cosas se han revertido para sus autores originales y es el Presidente Morales el que impulsa su realización contra viento y marea, soslayando a su vez las disposiciones legales imperantes.

Colocada ahora ya en una actitud defensiva, la oposición -o al menos una parte de ella- ha buscado frenar la realización del referéndum mediante una disposición adoptada, también de manera ilegal, por parte de la última sobreviviente del Tribunal Constitucional, la magistrada suplente Silvia Salame. La virulenta arremetida contra ella por parte de dos ministros del Poder Ejecutivo, que no son la instancia competente en este caso, pone de manifiesto el nivel al que ha llegado la desinstitucionalización del país.

Convengamos para comenzar en que la convocatoria a un referéndum revocatorio de mandato de autoridades electas es inconstitucional porque dicho procedimiento no figura en el ordenamiento legal vigente. El referéndum contemplado por la Constitución en vigor y la revocatoria de mandato, que no figura en ella, son dos instituciones totalmente diferentes, que han sido combinadas por la ley de convocatoria de una manera totalmente arbitraria y de peligrosas consecuencias sobre el Estado de Derecho en el futuro.

En segundo lugar, existe una flagrante asimetría de trato en la consulta, puesto que son diferentes el carácter y el contenido de las preguntas referidas al Presidente y Vicepresidente, por una parte, y a los prefectos, por otra. Tales diferencias están claramente dirigidas a inducir respuestas diferentes por parte de los ciudadanos. En efecto, para el Presidente la pregunta se refiere a la continuación del proceso de cambios que él lideriza, mientras que la pregunta para los prefectos alude a las políticas, acciones y gestión de los mismos, lo que propicia indudablemente una valoración negativa.

También cabe hacer referencia a la inequidad del procedimiento, que se expresa en la diferencia de los porcentajes que se aplican para la ratificación o revocatoria de las autoridades presidenciales o prefecturales, lo cual, además de un sentido elemental de equidad, viola el principio de igualdad en la aplicación de la ley, puesto que otorga valoraciones diferentes al voto de unos ciudadanos respecto de otros. Para mayor abundamiento de esta irregularidad, la ley establece también cifras absolutas del mínimo de votos requerido, sin tomar en cuenta que en los años transcurridos ha aumentado de manera territorialmente desigual el padrón electoral.

Además de todo lo anterior, los resultados previsibles del referéndum no cambiarán sustancialmente el cuadro de polarización política territorializada que se ha instalado en el país. En ese contexto, los referendos por la autonomía departamental realizados en los meses pasados, dieron lugar a que la correlación de fuerzas se desplazara a favor del bando opositor. Con la convocatoria al referéndum revocatorio, PODEMOS ha logrado la inexplicable hazaña de devolver el dominio de la iniciativa al campo del Presidente Morales. Haber desempolvado en el Senado la convocatoria al referéndum revocatorio fue un disparate político enorme, cuyo único objetivo apuntaba a que los prefectos no aumentaran su capacidad política relativa, empujando en consecuencia al partido de Jorge Quiroga a una situación secundaria.

No se puede soslayar además que, si llegara a realizarse, el referéndum revocatorio traerá aparejados lesiones institucionales graves, empezando por la Corte Nacional Electoral. Es en efecto impensable a estas alturas que ésta pueda conducir el evento con mínimas garantías de imparcialidad, y que logre además disipar eficazmente las denuncias sobre un fraude en gran escala.

¿Qué persigue entonces el Presidente Morales ahora? Para despejar esta cuestión es preciso tomar en cuenta que desde el inicio de su gestión, él ha buscado el control completo de todas las instancias de poder. Por eso descabezó al Tribunal Constitucional y arremetió luego una y otra vez contra los prefectos opositores. Y por eso también colocó a una persona de su confianza a la cabeza de la Corte Nacional Electoral. A pesar de que en este momento, las encuestas más confiables señalan que alcanzaría escasamente la cifra necesaria para ser ratificado, lo cierto es que obtendría en compensación la cabeza de unos cuatro o cinco prefectos opositores.

Pero éseya no es el objetivo principal de Evo Morales en esta coyuntura. La intensa campaña de distribución de dinero en efectivo a municipios y movimientos sociales y de bonos también a importantes sectores sociales, está dirigida a galvanizar un voto duro a su favor, que sería con el que eventualmente se retire a un nuevo proceso electoral que tendría que convocarse si el resultado del referéndum le es desfavorable. La magnitud de ese voto excede con creces lo que alcanzó cualquier otro candidato en el pasado, aunque ya no será seguramente de un 54% como en diciembre de 2005. En consecuencia, Evo Morales y su partido seguirán siendo el factor central de la escena política en Bolivia durante mucho tiempo, sea que ejerzan el gobierno o la oposición, lo que no se puede afirmar del resto de los actuales actores políticos y cívicos.