EL ANÁLISIS DE INFOLATAM

Falsos positivos, un escándalo inoportuno

Infolatam
Bogotá, 10 de noviembre 2008

"...Si los demócratas aprietan demasiado, Uribe podría replantear las relaciones con Estados Unidos. De los 500 millones de dólares que recibe del Plan Colombia, el 30 por ciento se lo quedan los operadores -empresas privadas norteamericanas intermediarias.

El 45 por ciento restante es para programas de índole social, fomentar la justicia y financiar algunas ONGs. Si encima los demócratas pretenden quitarle un pedazo más a la tarta militar, la suma no saldría tan beneficiosa para la política de seguridad. Podría, pues, cancelar el Plan Colombia".

Resulta irónico que la niña bonita de sus dos mandatos presidenciales, la que le elevó a los altares de la popularidad, es la que más quebraderos de cabeza le está causando.
Si la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación prueban que las mil muertes bajo sospecha son "falsos positivos" (civiles inocentes asesinados para presentarlos como integrantes de bandas terroristas dados de baja en combate), el escándalo tendría unas consecuencias nefastas para Álvaro Uribe.

De hecho, ya tuvo la primera y eso que aún siguen abiertos los expedientes. Estados Unidos retiró las ayudas a las tres guarniciones militares donde hay más casos investigados, un primer aviso de que las ayudas al Plan Colombia sufrirán no sólo un recorte sino un cambio en la distribución de los fondos y traerán una lupa más grande sobre el Ejército.

Y es que los crímenes los descubrieron en el momento más inoportuno. Con unas cámaras legislativas dominadas por las huestes de Barak Obama, lo peor que podía ocurrirle a Uribe es que sus propias tropas faciliten una nueva batería de argumentos al ala más radical del Partido Demócrata. Si siempre intentaron obstaculizar la ayuda militar y rechazaron el TLC alegando que aún hay graves violaciones a los Derechos Humanos, lo ocurrido no hace sino reafirmar sus tesis.

A pesar del panorama adverso, el mandatario colombiano aún cree que existe una posibilidad de que den luz verde al TLC antes de finalizar el año. Será la última ocasión para el Presidente Bush de hacerle un favor a su mejor aliado en la región. Para lograrlo, tendrá que derribar, entre otras, una barrera: cuando Obama era candidato afirmó que no respaldaría el Tratado con Colombia mientras no viera avances en derechos humanos. Por tanto, salvo que el saliente inquilino de la Casa Blanca guarde un poderoso as bajo la manga, es improbable que consiga su objetivo.

Uribe, mientras, hace su parte para mostrar que no sólo no oculta los hechos sino que toma medidas drásticas para que no se repitan. Retiró de un golpe a 27 oficiales; aceptó la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya, muy cercano a sus afectos, y anunció que reforzará el control en las unidades castrenses al tiempo que pide a la ONU que supervise todo. El movimiento, sin embargo, no impresionó ni a la oposición ni a las ONGs, reacios a concederle créditos; más bien consideran las medidas tardías y los abusos cometidos, consecuencia de la política de seguridad, el eje del gobierno, responsable de los elevados porcentajes de aprobación de Uribe.

Pero no sólo los contradictores no estuvieron de acuerdo. Entre buena parte de los mandos sentó mal la dureza del Jefe de Estado contra ellos. Por una parte, señalan en privado, les presiona para que den resultados operativos contra la guerrilla y, por otra, les hace sentir que combaten con la espada de Damocles de los defensores de DDHH sobre sus cabezas. La guerra, insisten, no se libra en cómodos despachos de Bogotá o de Washington, sino en una geografía intrincada y contra un enemigo que juega sucio. No justifican los falsos positivos pero tampoco encuentran acertado que les impongan reglas para acallar a los críticos y que suponen conceder ventajas a la guerrilla.

Tal vez por ello hay un escenario que no se puede descartar, aunque hoy parezca remoto. Si los demócratas aprietan demasiado, Uribe podría replantear las relaciones con Estados Unidos. De los 500 millones de dólares que recibe del Plan Colombia, el 30 por ciento se lo quedan los operadores -empresas privadas norteamericanas intermediarias. El 45 por ciento restante es para programas de índole social, fomentar la justicia y financiar algunas ONGs. Si encima los demócratas pretenden quitarle un pedazo más a la tarta militar, la suma no saldría tan beneficiosa para la política de seguridad. Podría, pues, cancelar el Plan Colombia.

Los más optimistas creen, por su parte, que aún hay margen de maniobra y que Obama no podrá prescindir de una nación que le hace contrapeso en el hemisferio a Hugo Chávez ni desestimar la necesidad de acabar con las Farc.