La medida, que en Colombia se denomina "conmoción interior", fue anunciada por Uribe el pasado jueves.

Política

Colombia: polémico estado de excepción por el paro judicial

La medida, que en Colombia se denomina "conmoción interior", fue anunciada por Uribe el pasado jueves.

Las claves:

La oposición anunció que impugnará la constitucionalidad de los decretos anunciados.
Los sindicatos rechazan el estado de excepción y el Consejo de Estado cree que son medidas apresuradas.

Infolatam
Bogotá, 13 de agosto de 2008

El estado de excepción decretado por el Gobierno de Colombia para afrontar la paralización de los despachos judiciales por la huelga que mantienen hace más de un mes los empleados de la administración de justicia ha generado polémica entre distintos sectores del país. La Judicatura colombiana, por su parte, anunció que investigará a los funcionarios judiciales huelguistas.

La medida excepcional, que en Colombia se denomina "conmoción interior", fue anunciada el pasado jueves por el presidente Álvaro Uribe, quien señaló que a raíz de la protesta unos 2.700 detenidos por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas quedaron libres por vencimiento de términos legales. El gobernante indicó, igualmente, que la situación en el sector judicial ha llevado que más de 120.000 procesos estén sin fallos, y que no se hayan celebrado alrededor de 25.000 audiencias desde el pasado 3 de septiembre, cuando empezó el paro.

No obstante, la medida, que, según la Constitución, puede aplicarse por un término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, despertó voces a favor y en contra. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, defendió la decisión, al indicar que la huelga de la justicia atenta contra la convivencia y los derechos ciudadanos.

Pero el vicepresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont, se declaró en desacuerdo, y señaló que habría sido preferible aguardar y agotar las instancias de diálogo antes de anunciar esa decisión, y advirtió de que el Presidente de la República solamente podrá expedir durante los 90 días del estado de excepción decretos relacionados con el origen de la medida.

Los integrantes de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que convocó a la huelga en demanda de mejoras salariales, además de respeto a su autonomía e independencia, rechazaron la decisión del Ejecutivo. "Es una medida desafortunada e inconstitucional, porque para decretarla se requieren condiciones precisas que aquí no se cumplen", dijo Fabio Hernández, presidente de ese sindicato.

Dirigentes del partido opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) se sumaron al rechazo, mientras que destacados líderes del Partido Liberal (PLC) consideraron "necesaria" la determinación. Habría sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial", por cuanto la declaración "nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del Gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades", señaló en un comunicado el presidente del PDA, Carlos Gaviria. Ese partido anunció que acudirá "ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados".

Mientras el senador del PDA Gustavo Petro, una de las figuras más representativa de la oposición, consideró que implantar ese estado de excepción "representa un verdadero 'boomerang' contra la economía colombiana".

Las centrales obreras también rechazaron la decisión, el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, calificó de "equivocada" la medida, al considerar que "radicaliza" la postura de la Rama Judicial. El secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, también expresó su desacuerdo con el decreto, pues, a su juicio, "polariza los conflictos laborales".

El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) de Colombia anunció el domingo en Bogotá que investigará a los funcionarios judiciales que mantienen la huelga. El presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del CSJ, Angelino Lizcano, informó en un comunicado que las investigaciones son competencia de este órgano del Poder Judicial por mandato de una norma legal.

Lizcano precisó que la Sala Disciplinaria asumirá los casos de jueces y fiscales delegados, en tanto que los de los empleados de otros rangos serán responsabilidad de las secciones del CSJ en las regiones colombianas. En ambos casos, "primero se cumplirá la etapa de indagación preliminar y si hay mérito se abrirá formalmente la investigación", explicó.