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La Paz, 25 de junio de 2008
El Gobierno de Bolivia se negó al diálogo propuesto por los prefectos opositores de la "media luna", que avanzan en su "rebelión" contra el presidente Evo Morales, al anunciar que no llevarán a cabo el referendo revocatorio de agosto y plantear incluso el adelanto de elecciones generales.
La compleja crisis boliviana parece transitar hacia un camino "suicida", en palabras de analistas consultados hoy por Efe, después de que cinco gobernadores de la oposición anunciaran que no se someterán al revocatorio sobre sus mandatos, el mandatario y el vicepresidente.
El "órdago" de estos gobernadores "rebeldes" se completa con la propuesta de adelantar las elecciones generales (previstas hasta finales de 2010), si el jefe de Estado no acepta abrir una nueva mesa de diálogo para intentar la "reconciliación nacional".
Precisamente, el Gobierno de Morales descartó el diálogo con los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija (las regiones del este y sur de Bolivia que integran la llamada "media luna"), y Cochabamba (centro).
El Ejecutivo amenazó con llevarles a juicio por "golpistas", al no acatar la ley del revocatorio, y el propio Morales los acusó hoy de "tener miedo al pueblo" y de rechazar el referendo porque "quieren seguir robando".
"Cuando revoquen su mandato, algunos prefectos ya van a dejar de seguir robando", dijo en un discurso en La Paz, durante la celebración del 182 aniversario de la Policía Nacional. El gobernante dijo disponer de "informes e investigaciones" que constatan que "algunos prefectos en algunos departamentos es impresionante cómo se roban la plata del pueblo boliviano".
El conflicto político de Bolivia está marcado desde hace meses por el enfrentamiento entre el proyecto constitucional de Morales y el proceso autonómico impulsado por los dirigentes de la "media luna", al margen de las autoridades nacionales.
Tarija completó el pasado domingo el ciclo de referendos también celebrados en Santa Cruz, Beni y Pando, para aprobar unos estatutos de autonomía que el Gobierno no reconoce, al considerarlos inconstitucionales y por alentar la división del país.
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